El Colegio de Psicólogos de San Juan emitió un alerta urgente a la comunidad tras detectar a varias personas que ejercen la profesión de manera irregular, sin contar con matrícula habilitante.
La institución recordó que, de acuerdo al Digesto Jurídico 303-A, la inscripción en el Colegio es requisito indispensable para poder brindar servicios de psicología en la provincia.
Entre los casos recientes, el más resonante involucra a Ludmila Lucero, una joven de Caucete, quien fue denunciada por el Colegio de Psicopedagogos por usurpación de títulos. Lucero se promocionaba en redes sociales como licenciada en Psicopedagogía y Psicología, además de ofrecer servicios como docente de apoyo inclusivo. Incluso llegó a cobrar consultas virtuales y elaborar informes falsos, engañando a familias que confiaban en su supuesta formación.
La investigación fue llevada adelante por la fiscal Alejandra Bazán y se formalizó en la UFI de Delitos Genéricos. Si bien Lucero evitó la condena penal al acceder a una probation, la Justicia le impuso el pago de $65.000 en dos cuotas y 60 horas de trabajo comunitario no remunerado en la Municipalidad de Caucete.
El caso de esta mujer caucetera dejó en evidencia un problema mucho más amplio: la proliferación de falsos profesionales que ponen en riesgo la salud mental de la población.
El Colegio de Psicólogos advirtió también sobre otros individuos, como Emanuel L. Ruarte y Carina Vergara, quienes ejercen sin matrícula y, por lo tanto, no están habilitados para brindar servicios en San Juan.
Ante esta situación, la institución instó a los ciudadanos a exigir siempre el número de matrícula antes de contratar un servicio de salud mental. Para verificar la validez del profesional, se puede consultar a través de WhatsApp al 2645705836, línea habilitada especialmente para brindar información a la comunidad.
La presidenta del Colegio, Lic. Melisa Rodríguez Gómez (M.P. 1556), junto a la secretaria general, Lic. Daniela Palma Sampaolesi (M.P. 1344), remarcaron que la medida busca proteger a los pacientes y asegurar la correcta prestación de los servicios. “La salud mental es un tema delicado, no puede quedar en manos de personas no habilitadas”, señalaron.
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