LA JUSTICIA DE SAN JUAN REVISARÁ LA CONDENA AL CIRUJANO SANTIAGO FURLOTTI

La Justicia de San Juan abrió una instancia clave para resolver la situación legal del cirujano Santiago Furlotti Barassi. En un plazo de 30 días, la jueza Ana Larrea deberá determinar si confirma, modifica o revoca el fallo que condenó al profesional únicamente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras el recurso de impugnación presentado por la fiscalía y la querella.

El debate se originó tras el juicio donde Furlotti llegó imputado por solicitar un presunto cobro ilegal de $250.000 a Axel Fabián Marinero para una cirugía en el Hospital César Aguilar de Caucete. Aunque la investigación demostró que los insumos estaban garantizados por el sistema público y se presentaron transferencias bancarias dirigidas al médico, el tribunal descartó la figura de estafa, aplicándole solo una pena en suspenso y dos meses de inhabilitación.

Puntos clave del caso en revisión

• Impugnación fiscal: La fiscalía, encabezada por el fiscal Schiattino, calificó la resolución de «arbitraria e irrazonable» al ignorar las evidencias del cobro indebido dentro de la salud pública.

• Pruebas presentadas: Durante el debate se incorporaron comprobantes de transferencias a una billetera virtual a nombre del cirujano y testimonios del personal del hospital confirmando la gratuidad del servicio.

• Causa paralela: Tras cuestionarse la ausencia de la directora del establecimiento, Diana Martínez, en el juicio, el tribunal remitió las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para investigar su eventual responsabilidad.

• Desvinculación: Si bien el paciente falleció días después de la intervención por un paro cardíaco, la Justicia desvinculó completamente a Furlotti de cualquier responsabilidad penal en torno a dicho deceso.

Mientras la defensa del profesional —encabezada por Francisco Furlotti y Mario Morán— busca ratificar la sentencia absolutoria en el cargo de estafa, la querella representada por los abogados Josela Echegaray y Fernando Echegaray Moya insiste en que el fallo debe ser corregido para incluir la figura delictiva central.