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En un nuevo capítulo del conflicto regional por el desarrollo minero, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una fuerte ofensiva política y territorial contra la provincia de San Juan. Durante una entrevista con Radio AM750, el mandatario riojano reclamó la revisión de los límites fronterizos, asegurando que zonas clave como el proyecto minero Josemaría y el Parque Provincial Ischigualasto se encuentran en áreas de litigio histórico.
Quintela fundamentó su reclamo en la supuesta ilegitimidad de los acuerdos firmados en 1968. Según el gobernador, aquellos límites fueron definidos por un gobierno de facto, por lo que carecerían de validez institucional. «Tenemos un conflicto de límites con San Juan que nunca fue dilucidado», afirmó, sugiriendo incluso que el Valle de la Luna debería ser administrado de forma conjunta: “Podríamos compartirlo porque pertenece a ambas partes”.
El Senado como árbitro del conflicto
Para el mandatario riojano, la solución no debe buscarse únicamente en la justicia técnica, sino en el plano legislativo nacional. Quintela fue tajante al señalar que «el árbitro tiene que ser el Senado», apelando a que el Congreso de la Nación es el ámbito constitucional correspondiente para dirimir disputas territoriales entre provincias.
Este planteo se produce en un momento de máxima tensión, luego de que la justicia de La Rioja ordenara suspender por 30 días las actividades del proyecto Vicuña en su territorio por la falta de estudios de impacto ambiental. Aunque la empresa Vicuña Corp ya ha normalizado su operativa utilizando caminos alternativos por el departamento sanjuanino de Iglesia, el conflicto político sigue escalando.
Recursos y «gestos de generosidad»
Más allá de lo territorial, el trasfondo del reclamo es económico. Quintela vinculó la disputa con la necesidad de un reparto más equitativo de los beneficios de la minería, exigiendo que San Juan tenga un «gesto de solidaridad» respecto a la renta y la generación de empleo. «Necesitamos que los trabajadores riojanos tengan participación», sostuvo, denunciando que durante años se utilizó infraestructura de su provincia sin retribuciones proporcionales.
Con este movimiento, La Rioja traslada una disputa local al corazón del escenario político nacional, abriendo un frente de incertidumbre sobre proyectos de inversión millonarios y sobre la convivencia institucional entre ambas provincias cuyanas.

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