Una llamada anónima al sistema de emergencias en abril del año pasado fue el punto de partida de una investigación que culminó con una condena de 10 años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dictó el fallo por el delito de trata de personas consumada y agravada, al tratarse de una víctima menor de edad.
El caso se inició en el departamento de Caucete, donde tras la alerta a las autoridades, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos interceptó un vehículo sospechoso. Lo que comenzó como una denuncia por presunto secuestro reveló un entramado de violencia y sometimiento de magnitudes alarmantes.
Un calvario de traslados y violencia
Según las averiguaciones, la joven fue obligada a contraer matrimonio con el hijo de la familia captora y a asumir la maternidad de manera forzada. El sometimiento integral incluyó traslados constantes entre las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe.
«Durante meses, la víctima fue sometida a una violencia sistemática que incluyó abusos físicos, explotación laboral, falta de alimento, acceso restringido a la salud y maltrato psicológico, lo que constituyó un cuadro de explotación extrema bajo el control total de sus captores.»
Investigación federal y condena
Llegar a la sentencia requirió una compleja articulación entre múltiples organismos. El eje central fue el entrecruzamiento de información que permitió reconstruir la línea temporal del sometimiento y el rol de cada involucrado. Fue clave la coordinación entre las Unidades de Investigación de Gendarmería de las cuatro provincias afectadas.
La Unidad Fiscal Federal de San Juan, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), consolidó la solidez probatoria necesaria para sostener la acusación. Con esta sentencia, la justicia federal de San Juan cierra un caso paradigmático de lucha contra el crimen organizado y la explotación infantil.
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