CASO ADORNI: INVESTIGAN PAGOS DE LA TV PÚBLICA A LA PRODUCTORA DE UN AMIGO
La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras conocerse que la productora IMHOUSE S.A., perteneciente a su amigo personal Marcelo Grandío, cobró $3.012.900 por la emisión del programa ‘Enredados’. El ciclo se difundió a través de la plataforma de streaming de la TV Pública a partir de septiembre del año pasado.
El vínculo contractual quedó sellado con las firmas del interventor de Medios Públicos, Carlos María Curci González, y Horacio Silva, representante de la productora. Silva es señalado además por haber financiado el polémico regreso de Adorni y Grandío en un avión privado desde Punta del Este.
Contradicciones en el informe de gestión
A pesar de que el funcionario libertario aseguró ante el Congreso el pasado 29 de abril que el canal estatal “no asumió pagos a IMHOUSE S.A.”, un relevamiento del diario La Nación detectó pagos realizados por Radio y Televisión Argentina (RTA) a favor de la productora desde octubre de 2025. Actualmente, existirían seis contratos vigentes entre ambas partes.
La relación entre Adorni y Grandío, quienes compartieron pantalla en programas como “Gritalo!”, está bajo la lupa judicial. Se investigan posibles irregularidades financieras, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Debido a esto, la Justicia ordenó peritar las comunicaciones entre ambos para determinar si el funcionario intercedió en favor de los contratos de su amigo.
La explicación oficial: «Compensación de facturas»
Desde Casa Rosada explicaron a la Agencia Noticias Argentinas que RTA e IMHOUSE celebraron un contrato de coproducción. Según fuentes oficiales, los costos de la productora se cubren con la venta de publicidad.
“En la medida en que la venta de publicidad no cubra los costos presupuestados por la productora, se genera una compensación de facturas, quedando las mismas neteadas sin erogaciones que realizar”, señalaron desde el Gobierno.
Este mecanismo administrativo es el que figuraría en los registros internos como “órdenes de pago” bajo el concepto de compensación, intentando justificar así la ausencia de gastos directos por parte del Estado.
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