En la víspera del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una fuerte medida de acción directa. El próximo 30 de abril a las 15:00, la central obrera se movilizará a Plaza de Mayo para denunciar el impacto de las políticas económicas actuales sobre el bolsillo de los argentinos y realizar una celebración religiosa en honor al papa Francisco.
El anuncio fue encabezado por Jorge Sola (Seguros), integrante del triunvirato de conducción, quien estuvo acompañado por Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Tras una reunión del Consejo Directivo Nacional, los dirigentes trazaron un diagnóstico crítico de la situación social: “Estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, tanto en la formalidad como en la informalidad. El endeudamiento familiar ha aumentado y hay un crecimiento del desempleo”, advirtió Sola.
La movilización tendrá un componente inédito: una celebración religiosa. Según detallaron los voceros, se busca poner en valor la figura del papa Francisco y su histórica defensa del mundo del trabajo y la solidaridad como bandera de las representaciones gremiales.
Críticas al «ajuste brutal» y al techo salarial
Durante la rueda de prensa, la cúpula de la CGT apuntó contra el programa económico del Gobierno, calificándolo como un “ajuste brutal” que afecta no solo a los trabajadores activos, sino también a jubilados, al sector de la discapacidad y a la educación.
Uno de los puntos de mayor fricción es la intervención oficial en las paritarias. “Una de las anclas que está llevando adelante el Gobierno para mantener su política económica es, precisamente, el control de los salarios”, disparó Sola, denunciando que se imponen techos salariales por debajo de la inflación promedio, vulnerando la libre negociación colectiva.
El frente judicial contra la reforma laboral
Además del reclamo en las calles, la CGT ratificó su postura contra la reforma laboral aprobada en el Congreso, la cual se encuentra parcialmente frenada por medidas cautelares. Los dirigentes insistieron en que la normativa representa una “violación del principio protectorio del derecho del trabajo” y transgrede el principio de progresividad, que impide el retroceso en derechos sociales ya adquiridos y garantizados por la Constitución Nacional.
Con esta convocatoria, la central obrera busca canalizar el «malhumor social» y marcar una postura firme frente a la pérdida constante de derechos y estabilidad económica de los trabajadores.
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