PIDEN INDAGAR A FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS POR UN FRAUDE DE $75.000 MILLONES
La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo determinante. El fiscal federal Franco Picardi solicitó nuevas indagatorias para figuras clave del organismo y del sector privado, en el marco de un expediente que ya expone un desvío de fondos públicos estimado en más de $75.478 millones.
Entre los pedidos de citación figuran Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, junto a más de 20 empresarios. La causa, que ya cuenta con 19 procesados, apunta a un esquema articulado para direccionar compras de insumos médicos de alto costo entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
El punto más crítico de la maniobra involucra al Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Según la fiscalía, este sistema fue utilizado como plataforma para canalizar pagos indebidos mediante la compra irregular de:
- Prótesis e implantes cocleares.
- Materiales quirúrgicos complejos.
- Sillas de ruedas motorizadas.
La gravedad del caso radica en que se habrían desvirtuado recursos esenciales para sectores vulnerables con el fin de favorecer intereses privados, afectando la función social primordial del Estado.
Un entramado de beneficios y filtraciones
La investigación judicial reveló que más de 30 firmas habrían participado de este esquema de «licitaciones a medida». Las actuaciones indican la existencia de filtración de información privilegiada y acuerdos entre empresas para repartirse contrataciones millonarias.
Incluso, se detectó que algunos actores privados tenían injerencia directa en decisiones internas del Estado, lo que permitió que la ANDIS funcionara como una estructura discrecional orientada a concentrar beneficios en proveedores específicos, vulnerando todo principio de transparencia.
Hacia el rastreo del dinero
Tras siete meses de recolección de pruebas, la Justicia ahora pone el foco en el circuito financiero. Con la intervención de la PROCELAC y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se busca determinar si existieron maniobras de lavado de activos.
El caso reabre un profundo debate sobre los controles estatales en salud, mientras los organismos especializados intentan reconstruir el destino final de los fondos que debían garantizar el bienestar de miles de beneficiarios.
¿
Los comentarios están cerrados.