La investigación a un agente de la seccional 32 de la Policía de San Juan tomó desde este viernes rumbo judicial. El uniformado, de 35 años, enfrenta acusaciones formales porque supuestamente ‘filtró’ información sobre un operativo policial. Además, no fue eficiente como ‘soplón’ si es encontrado culpable porque también habria contado información errónea.
El agente, identificado por fuentes judiciales como Benito Andrés Azcurra, supuestamente filtró información errónea a un individuo conocido como “Baroja”, apodado también como “Coti”. La advertencia se refería a una operación policial que tenía como objetivo a un pariente de “Baroja”, alias “Marolio”. Este último reside en la Villa Miami, en 25 de Mayo.
Pocos minutos después de la advertencia, los agentes llegaron a la casa de “Baroja” y se llevaron a su pareja, sin considerar si “Marolio” estaba presente o no. La jueza de Paz de 25 de Mayo, Graciela Rodríguez, había emitido una orden específica: la Policía debía acompañar a una veedora judicial para sacar a una mujer de la vivienda. Esta mujer, supuesta víctima de violencia de género, requería protección.
La filtración de información preocupó a las autoridades, y en agosto pasado, la jueza denunció el incidente ante la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Ivan Grassi y la ayudante fiscal, Victoria Martín lograron que el juez Alberto Caballero autorizara la investigación del agente y este viernes el imputado Azcurra sabe que deberá enfrentarse a un debate judicial.
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