El portero caucetero condenado el 2 de noviembre pasado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por manosear a una alumna escribió una carta en la que suplica que se revea su situación, aduciendo que es inocente. “No hubo pruebas en ningún momento para que me involucraran en semejante acto aberrante”, afirma Héctor Pérez (38) en el escrito que hizo llegar a este diario.
El presunto abuso fue denunciado en mayo de 2021 por la madre de una alumna de 9 años supuestamente manoseada en los baños de mujeres de la Escuela José Chirapozú de Caucete, donde Pérez era portero. Según él, fue incriminado en la causa porque el padrastro de la niña aportó una foto suya a los investigadores. “Ningún varón tenía acceso a la limpieza de esos baños. Anivi toma la foto como única prueba, sin realizar reconocimientos por parte de la menor, con una Cámara Gesell con contradicciones y mentiras queriendo involucrar a otras posibles víctimas, quienes afirmaron que jamás les ocurrió nada parecido”, dice la carta.
Pérez estuvo con preventiva en la seccional 9na hasta el 11 de agosto, cuando el juez Diego Sánz le concedió la detención domiciliaria, que 19 días después le revocó, según el portero, porque “no habían argumentos para mantenerme privado de mi libertad”. Así, el acusado llegó libre al juicio y tan confiado de su inocencia que con sus abogados no aceptaron un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía, que a cambio de que él admitiera el presunto delito ofrecía una condena a 3 años de ejecución condicional, es decir, sin encierro. “¿Por qué tenía que aceptar una culpabilidad que no me correspondía?”, se pregunta, y dice que estaba “totalmente seguro de que en el juicio se iba a desmoronar toda esta mentira”. Sin embargo, al término del debate el juez Andrés Abelín Cottonaro lo castigó con prisión efectiva “por algo que no cometí”, “sin tener en cuenta nada de lo expuesto por mis defensores” y “menospreciando el profesionalismo de mi psicóloga de parte”. A los días Pérez fue operado de la vesícula y por sus problemas renales, y en el escrito denuncia que fue trasladado al Penal “sin tener una adecuada recuperación”, y que allí, en un lugar llamado aislamiento, pasó sus “peores días, sin atención médica, como un animal”. Además, acusa que luego de un mes y por tanta insistencia le sacaron los puntos, pero “de manera brutal”. Y agrega que, pese a que presentó informes que advierten su estado deteriorado estado de salud (dice sufrir cólicos renales y dolor en la herida de la operación) y a que en el Penal “no me asisten siquiera con un paracetamol”, en el Servicio Penitenciario sostienen que puede permanecer allí. Sin embargo, su verdadero propósito es que la causa sea revisada y ser liberado: “No hay día que no llore y sufra por toda esta injusticia. Quiero recuperar mi libertad porque soy inocente, quiero estar con mis hijos en mi hogar. Exijo justicia por mi persona y que realmente se haga justicia por la menor”. La resolución condenatoria fue otra vez impugnada por la defensa, ahora representada por María Filomena Noriega.
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