A través de un nuevo instrumento legal emitido este martes, el Ministerio de Educación de la provincia, encabezado por Silvia Fuentes, rectificó las disposiciones iniciales para el proceso de titularización docente y confirmó la eliminación del examen toxicológico como requisito obligatorio. La decisión, adoptada en el marco del acuerdo paritario homologado, busca dar claridad a la comunidad educativa y corregir errores detectados en la redacción de las normas previas.
La exclusión de la prueba toxicológica representa un alivio financiero significativo para los educadores. Según relevamientos del sector, dicho análisis registraba un valor promedio de $30.000 en el ámbito privado, lo que encarecía el costo total de la cartilla médica hasta alcanzar estimaciones cercanas a los $200.000 por postulante. La decisión cobra mayor relevancia tras confirmarse que la Obra Social Provincia no asumirá la cobertura de estos estudios preocupacionales.
¿Cuáles son los estudios médicos exigidos?
La cartera educativa precisó el listado definitivo de evaluaciones sanitarias que deberán presentar los docentes para avanzar en el trámite. Los estudios, que podrán tramitarse tanto en el sistema de salud público como en instituciones privadas, contemplan los siguientes rubros:
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Examen clínico: Evaluación completa con presentación de declaración jurada.
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Examen oftalmológico: Control integral de la visión.
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Análisis de laboratorio: Hemograma, glucemia, uremia, velocidad de sedimentación globular (VSG), creatinina, perfil lipídico, hepatograma y análisis completo de orina.
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Estudios complementarios: Electrocardiograma (ECG) con informe, radiografías de tórax y de columna lumbosacra, fibrolaringoscopia, audiometría y odontograma.
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Evaluación psicológica: Batería de pruebas compuestas por el test de la persona bajo la lluvia, test de Bender y test de Toulouse-Pieron.
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Inmunización: Carné de vacunación con el esquema obligatorio al día.
Rectificación normativa
En los fundamentos de la resolución, las autoridades argumentaron que la modificación obedece a la necesidad de «rectificar errores en la redacción» de las normativas vigentes. Por tal motivo, se resolvió abrogar la Resolución N° 20263-ME-2026 y emitir un nuevo acto administrativo que adecue la Resolución N° 19225-ME-2026 a las nuevas pautas, fijando además el procedimiento de actuación para los agentes que se desempeñen bajo el régimen de docencia pasiva.
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