El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó sus operativos de control en todos los departamentos de San Juan para detectar irregularidades en la ocupación de los hogares adjudicados. El objetivo del plan estatal es identificar los inmuebles que permanecen vacíos y reincorporarlos a los sorteos públicos, en beneficio de los casi 100.000 sanjuaninos inscriptos en el padrón oficial.
Maniobras y consumo cero
La directora del IPV, Elina Peralta, detalló que mediante denuncias se focalizaron entre 300 y 400 casas deshabitadas. Durante las inspecciones físicas, las autoridades descubrieron diversas estrategias de los adjudicatarios para aparentar que residen en el lugar, tales como la colocación de muebles o la realización de ampliaciones menores destinadas a capturar fotografías engañosas.
A pesar de estas fachadas, el cruce de datos con las empresas de servicios públicos dejó al descubierto la situación real. Peralta señaló que en muchos casos se constató que el medidor de luz posee un consumo equivalente a cero, lo que representa una prueba fundamental para avanzar con las denuncias.
Avance legal y necesidad de reformas
Para acelerar los plazos de recupero y evitar la burocracia estatal, el IPV diseñó un equipo especial de seguimiento. Este esquema permitió avanzar firmemente sobre 100 casos específicos, logrando que 40 viviendas ya cuenten con resoluciones de revocación en su primera instancia legal.
No obstante, debido a los plazos que demanda el derecho de defensa de los involucrados, la funcionaria enfatizó la necesidad de una ley provincial que acorte los tiempos judiciales. De este modo, los legisladores brindarían herramientas clave para disponer de las casas con mayor celeridad y frenar los engaños.
Financiamiento provincial y alta morosidad
La sostenibilidad del plan habitacional en San Juan depende hoy exclusivamente de las arcas provinciales. Ante la falta de recursos de origen nacional, el IPV funciona bajo un sistema solidario de autofinanciamiento, lo que vuelve indispensable la recaudación local para continuar con la construcción de nuevos barrios.
En este escenario, las autoridades manifestaron su preocupación ante un índice de morosidad que alcanza el 50% del padrón. Como respuesta directa, el organismo inició un proceso de intimaciones rigurosas dirigido a aquellas familias que cuentan con ingresos suficientes pero que no cumplen con el pago de sus cuotas. En paralelo a estas acciones, el IPV trabaja en la reactivación del programa Procrear para sortear departamentos destinados a la clase media mediante el bolillero de la Caja de Acción Social.
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