En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación revirtió este jueves el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad, y reactivó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La medida fue aprobada por 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, superando cómodamente el umbral de los dos tercios necesarios para dejar sin efecto la decisión del Poder Ejecutivo.
El rechazo al veto representa un duro revés para el gobierno de Javier Milei, quien se encontraba en el exterior y fue reemplazado provisoriamente en la jefatura del Ejecutivo por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La sesión fue presidida por el libertario Bartolomé Abdala, senador por San Luis.
La ley reinstaurada establece modificaciones clave como la reformulación de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles para prestadores y compensaciones económicas para personas con discapacidad, entre otras disposiciones.
El debate fue habilitado con facilidad y estuvo marcado por fuertes cruces entre legisladores de distintos espacios. El peronista pampeano Pablo Bensusán criticó duramente el veto: “El Presidente vetó un derecho básico. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre inclusión y olvido”, dijo. Y agregó: “Si el Estado, para ahorrar, necesita maltratar a su gente, no está ahorrando, los está abandonando”.
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, una de las pocas voces a favor del veto, sorprendió al pedir públicamente al ministro de Salud que aumente los aranceles para que continúen las prestaciones. “Considero que esta ley no hace falta”, señaló, en una intervención que generó confusión incluso dentro de su bancada.
Desde la oposición moderada, Guadalupe Tagliaferri fue tajante: “La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. El Estado tiene que intervenir para eliminar barreras”.
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