EL AGRIMENSOR COSTA,USABA UNA ESCRIBANIA DE PANTALLA

por Prensa Radio Genesis en martes 17 de diciembre de 2024

Después de que un ingeniero agrimensor y otro sujeto fueran acusados por estafa, sospechados de lotear un terreno del exministro Alberto Hensel sin su conocimiento y de vender al menos tres parcelas, fuentes allegadas a la investigación indicaron que los imputados usaban una escribanía para engañar a sus víctimas, con el objetivo de hacerles creer que realizaban una operación legal.

Sin embargo, ello habría resultado una pantalla porque lo único que hacía el escribano que intervenía era certificar las firmas. “Se valían de ese marco legal para hacerles creer que no había nada raro, pero en realidad lo que hacía el escribano era constatar que quienes celebraban el boleto de compraventa eran personas reales, con sus datos personales”, señalaron.

Enrique Costa, ingeniero agrimensor, y Daniel Solari, el hombre que se hacía pasar por el propietario del terreno situado en Chimbas, fueron acusados de subdividir el espacio en 11 lotes, pues así lo demostraba un plano que fue secuestrado por las autoridades judiciales comandadas por el fiscal Guillermo Heredia.

El mismo no contaba con la aprobación de ninguna repartición como Planeamiento o Catastro. Y es que los verdaderos titulares registrales del sitio localizado en calle Reconquista eran el exministro de Minería y una mujer de apellido Quiroga, que no tenían conocimiento de la comercialización.

Ese plano había sido exhibido a quienes creyeron que el proyecto inmobiliario era legal y, por ello, entregaron dinero para la compra. Las fuentes manifestaron que cada lote era ofrecido por un valor aproximado a los $1.500.000. Es por esa razón que se estima que los supuestos estafadores se alzaron con casi $5.000.000. No obstante, no se descarta que hayan recibido más dinero por otras parcelas.

Hasta el momento de la Investigación Penal Preparatoria, que se resolvió por el término de 12 meses, además de Hensel que denunció el caso, se descubrieron tres damnificados. Los mismos desconocían la situación hasta que personal del Ministerio Público llegó a ellos, cuando halló los contratos, para notificarlos de la presunta estafa.

En la audiencia de formalización de la causa, el agrimensor que provocó revuelo en el Colegio de Agrimensores, pues varios particulares acudieron a la entidad para quejarse por su accionar profesional, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi dictó un embargo por $22.000.000 a cada uno de los implicados.

Fuente Tiempo de San Juan