El caso de fraude inmobiliario que involucra al ingeniero agrimensor Enrique Vicente Costa y su cómplice Claudio Daniel Solari sigue tomando fuerza. Ambos fueron acusados de estafar al exministro de Minería, Alberto Hensel y a una mujer de apellido Quiroga, quienes denunciaron que su terreno en Chimbas, había sido loteado y vendido sin su consentimiento ni conocimiento.
Según publicó Tiempo de San Juan, el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Guillermo Heredia, inició la investigación y determinó que los imputados no solo defraudaron al exfuncionario uñaquista, sino que también habrían estafado a al menos cuatro personas que adquirieron lotes, creyendo que compraban terrenos legítimamente fraccionados.
Según la denuncia, Costa, conocido agrimensor de la provincia y expareja de la verdadera propietaria del terreno, junto a Solari, ofrecieron parcelas de un terreno en Chimbas, ubicado cerca de la calle Porres, prometiendo servicios de agua y luz. A pesar de no contar con la autorización correspondiente, los acusados recibieron dinero de las víctimas, quienes entregaron hasta el 50% del valor de los lotes, que rondaban el millón y medio de pesos cada uno.
Los compradores, sorprendidos al no recibir la documentación correspondiente, comenzaron a sospechar de la operación y decidieron contactar al Consejo de Agrimensores. Fue entonces cuando la denuncia llegó a Hensel, quien aseguró no tener conocimiento alguno sobre la venta de su propiedad, lo que desencadenó la denuncia formal ante la justicia.
En la audiencia con el juez Gerardo Fernández Caussi, los imputados fueron acusados de defraudación por engaño en calidad de coautores. Como medida cautelar, el juez les trabó un embargo millonario de $22 millones a cada uno y les impuso la prohibición de salir de la provincia, además de obligarlos a presentarse regularmente ante la policía.
Tanto Costa como Solari cuentan con antecedentes que agravan su situación. Costa, quien ya había sido denunciado por estafa este año, enfrenta una investigación por otros casos de fraude relacionados con su ejercicio profesional, como la acusación de cobrar por trabajos de agrimensura que nunca realizó. Por su parte, Solari, quien se presentó como el socio de Costa, tiene un historial de denuncias por hechos similares, lo que aumenta las sospechas sobre su involucramiento en esta nueva estafa.
El caso sigue bajo investigación, y podría haber más víctimas que se sumen a las denuncias en los próximos días. Fuentes judiciales confirmaron que el embargo millonario busca garantizar que los afectados no queden sin resarcimiento en caso de que se prueben las acusaciones.
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