Finalmente, fueron once los gobernadores que responden al oficialismo que decidieron apoyar el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, una iniciativa del presidente Alberto Fernández en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación, para la cual la Casa Rosada buscó respaldo en una reunión realizada este mediodía. El encuentro terminó con amplio apoyo de los jefes provinciales, pero no de la mayoría, como esperaba el Gobierno, ya que hubo algunos que tomaron distancia.
“Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, dice el documento que dejó trascender el Ejecutivo esta tarde pasadas las 16, después de una reunión tensa con los gobernadores.
El texto amplía al resto de los miembros del máximo tribunal. “Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes, se solicita se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”, agrega el texto.
La decisión de la Casa Rosada surge a partir de trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Desde hace un mes se están filtrando conversaciones al menos polémicas entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios, entre ellos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.
Además de la firma del Presidente, aparecen al final los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En la lista oficial que difundieron desde la Casa Rosada también figuraba Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, quien momentos más tarde aclaró a través de su vocera que no había firmado la solicitud y que no respaldaba la iniciativa. Desde la gobernación provincial lo atribuyeron a un “error” de los funcionarios del Ejecutivo. No obstante, cerca de Alberto Fernández señalaron que Bordet participó de manera virtual de la reunión en la que se acordó firmar el documento y que nunca manifestó su rechazo.
Al pie del documento no figuran los nombres de los jefes provinciales del PJ de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santa, Gustavo Sáenz; que se encuentran en desacuerdo con la decisión de embestir contra la Corte Suprema. Tampoco apoyaron los gobernadores disidentes de Río Negro, Arabela Carreras; de Neuquén, Omar Gutiérrez, que suelen actuar, según la ocasión y el tema, como eventuales aliados.
La noticia de que Alberto Fernández avanzaría con un juicio político contra la Corte Suprema se conoció el primer día del año por la mañana. El Presidente, a través de su Twitter, informó el domingo pasado que el jefe de Estado solicitaría “que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. Pero hoy en el texto oficial que será presentado en el Congreso agregaron que tomarán medidas también contra el resto de los cortesanos.
El Gobierno ya confirmó que ingresará mañana mismo por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda, argumentando que “conductas llevadas adelante por los magistrados (…) resultan susceptibles de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo”.
Esta tarde, sólo siete provincias anunciaron, a través de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que darían apoyo al pedido de juicio político: Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja y Catamarca. Tucumán, a través de su gobernador, Osvaldo Jaldo: Formosa, gobernada por Gildo Insfrán; y La Pampa, de Sergio Zilioto, también se comprometieron ante el jefe de Estado a acompañar la medida, aunque no participaron de la rueda informativa ante los periodistas. El listado completo de gobernadores que darían su respaldo se dio a conocer horas más tarde, después de largas deliberaciones y negociaciones.
“Mañana se va a presentar el pedido de juicio político”, adelantó Axel Kicillof, en esa conferencia. Después, en Gobierno adelantaron que el Ejecutivo pedirá la apertura de sesiones extraordinarias para tratar la solicitud contra la Corte Suprema en el temario, junto con otros asuntos que aún se mantenían en reserva. En principio, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para avanzar: la oposición ya adelantó su reprobación a la polémica determinación de la Casa Rosada.
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