El reparto de fondos a las provincias este año sería el más bajo en los últimos ocho años y profundizará el conflicto abierto entre la Nación y los gobernadores por el ritmo de transferencias y subsidios a las arcas provinciales. El plan de ajuste fiscal que puso en marcha el ministro de Economía, Luis Caputo se apoya, en parte, en un recorte de las transferencias que hace la Casa Rosada a las provincias por distintos motivos, ya sea fondos para financiar educación, salud o vivienda y otros como subsidios al boleto de transporte público, que fue el último motivo de cruces entre el gobierno nacional y los provinciales.
La suba prevista en los ingresos al fisco por retenciones y por impuesto PAIS, que no son coparticipables, harán que a lo largo del año las provincias se queden con menos del 30% de la recaudación tributaria total.
En una primera instancia el equipo económico había estimado que la poda de envíos de fondos a los gobernadores tendría una magnitud de 0,5% del PBI (a valores actuales, unos $950.000 millones), pero el retiro del capítulo tributario de la ley ómnibus que decidió el Gobierno nacional -días antes de que terminara por caer el resto del proyecto- forzó al Palacio de Hacienda a rehacer los números. Los ingresos con los que contaba Economía en caso de que prosperara la iniciativa en el Congreso (por la reversión de Ganancias, suba de retenciones y cambios en la fórmula de aumento de jubilaciones) deberá conseguirlos por un ajuste más profundo en el gasto.
Los fondos que reciben las provincias pueden dividirse en las que son automáticas (que surge por el cálculo que establece la fórmula de coparticipación federal) y las discrecionales. Sobre estas últimas, enero y febrero ya muestran con números concretos cómo la Nación se sentó sobre la caja y redujo en algunos casos al 100% el envío de este tipo de transferencias.
Es en ese marco en que las transferencias a las provincias están en la mira del equipo económico. Según estimaciones privadas, como las que realizaron en los últimos días las consultoras PxQ y LCG, el Gobierno ajustaría esa partida presupuestaria el doble de lo previsto inicialmente, desde 0,5% hasta 1 punto del PBI, con la nominalidad de hoy, cerca de 1,8 billones de pesos. “Estos números ponen en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá solo un impacto limitado, dado que aun reduciéndolos por completo se podrá conseguir un 20% de los 5 puntos de ajuste para equilibrar el resultado financiero”, estimó LCG.
El último capítulo del cruce entre Nación y provincias por el reparto de fondos tuvo lugar la semana pasada, cuando la Secretaría de Transporte anunció que cortaría el envío de transferencias para subsidiar el boleto de transporte público en el interior. Los mandatarios provinciales salieron a reclamar por esa medida, que aseguran que no estaba en la mesa de diálogo previa.
El cordobés Martín Llaryora anunció que soportará el recorte con fondos propios para evitar un aumento del boleto. El santafesino Maximiliano Pullaro hizo también declaraciones en ese sentido. Otros como el mendocino Alfredo Cornejo, el puntano Claudio Poggi o el pampeano Sergio Zillioto también fueron críticos con la medida.
Los comentarios están cerrados.