DIPUTADOS APROBÓ LA LEY QUE PERMITIRÁ SUBASTAR VEHÍCULOS CON CAUSAS JUDICIALES

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una importante modificación a la Ley 1810-A de Procedimiento para la Disposición Final de Cosas Muebles Peligrosas —popularmente conocida como la «ley de chatarra»—. La nueva regulación faculta al Ejecutivo provincial a subastar públicamente los vehículos que se encuentran en depósitos judiciales y que aún están en condiciones de circular o que resulten de interés para el mercado de autopartes.

La iniciativa contempla motos, automóviles y camionetas con el objetivo de descomprimir predios colmados como el Depósito Judicial de 9 de Julio, reduciendo el impacto ambiental y transformando estos bienes en recursos económicos para la provincia. Paralelamente, continuará vigente el proceso de compactación de las unidades que no sean aptas para la reutilización.

Mecanismo de las subastas

El Ministerio de Gobierno será la autoridad de aplicación encargada de coordinar las subastas públicas tras la elaboración de informes especiales de cada rodado:

• Recuperación funcional: Se rematarán aquellas unidades que puedan volver a las calles mediante reparaciones.

• Autopartes: Aquellas movilidades que no sean aptas para circular de forma integral pero posean repuestos utilizables también podrán ingresar al proceso de subasta.

• Transparencia: Si bien la reglamentación fijará las fechas y detalles operativos, el texto legal garantiza publicidad y la participación de personas humanas o jurídicas.

Destino de los fondos recaudados

Los recursos obtenidos mediante los remates y la venta de chatarra tendrán un fin específico estipulado por la reforma:

• Infraestructura pública: Financiamiento de obras sociales, sanitarias, educativas y ambientales en los municipios y el territorio provincial.

• Programas de asistencia: Desarrollo de campañas de educación ambiental y ayuda directa a personas en situación de vulnerabilidad social.

Para velar por el correcto uso de los fondos, el Ministerio de Gobierno estará obligado a llevar un registro detallado de cada operación y realizar una rendición pública de cuentas de forma anual.