MULTAN A SANTILLI CON $100.000 DIARIOS POR INCUMPLIR EL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

En un fallo que eleva la tensión entre el Poder Ejecutivo y la comunidad académica, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La sanción responde al incumplimiento de una medida cautelar dictada para exigir la actualización salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas, así como la garantía de los fondos para becas estudiantiles.

La resolución se conoció este miércoles 14 de octubre, a pocas horas de que se lleve a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo del efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Presión judicial para garantizar la medida

La sanción económica (conocida en el ámbito jurídico como astreinte) busca forzar la ejecución de la medida dictada en favor de las casas de altos estudios. En su escrito, Cormick argumentó que corresponde hacer efectivo el apercibimiento fijado previamente tras confirmarse que el Estado no acató la orden. Además, advirtió que la cifra de la multa podría incrementarse o extenderse a otros funcionarios si persiste la desobediencia.

La causa se reactivó por una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció el desacato continuado de la medida cautelar, la cual cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 25 de junio de 2026.

A pesar de que el juez otorgó un plazo de gracia inicial de cinco días —vencido el 22 de septiembre— y una posterior prórroga, la representación demandante confirmó que los desembolsos requeridos no fueron registrados. Si bien la causa de fondo que revisa la constitucionalidad del decreto 759/2025 fue apelada por el Ejecutivo y está bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones, el juez desestimó que dicho recurso suspenda los efectos de la cautelar vigente.

El reclamo salarial y de becas

La Ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición para el personal universitario con retroactividad a septiembre de 2025, tomando la variación del IPC entre enero de 2023 y julio de 2025. Según las estimaciones judiciales del reclamo, este parámetro representa una corrección del 40,25% sobre los sueldos básicos de julio de 2025, sumado a actualizaciones mensuales posteriores conforme a la inflación y el ajuste de las becas para estudiantes.

La postura de la Casa Rosada

Desde el Gobierno nacional cuestionaron la orden judicial al argumentar que vulnera el normal funcionamiento de las finanzas públicas, dado que no fija con claridad los montos ni porcentajes específicos exigidos para dar por cumplida la cautelar.

En su escrito defensivo, el Estado argumentó que:

• Acumuló un incremento del 226,80% en las partidas destinadas a salarios universitarios desde diciembre de 2023, tras sumar una suba del 21,33% en junio de 2026.

• Convocó a la paritaria trimestral correspondiente ofreciendo un 3% de incremento para septiembre de 2026 (complementario al 3% concedido en junio), acumulando más de un 6% de ajuste por el trimestre junio-agosto.

• Un incremento acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026, como pretende la demanda, resultaría inviable e incompatible con la Ley de Presupuesto 2026.

La sanción contra la Jefatura de Gabinete suma un fuerte ingrediente político y judicial a la víspera de la movilización nacional, donde la comunidad universitaria volverá a marchar a las calles por la asignación de recursos presupuestarios.