En el marco de la estrategia de política exterior impulsada por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional intimó formalmente al Reino Unido para que suspenda de manera inmediata cualquier actividad de explotación de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La medida otorga un plazo de dos semanas para adoptar medidas concretas, advirtiendo que, de no haber respuesta, se recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en busca de medidas provisionales.
Además de la intimación, el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para activar el procedimiento de arbitraje estipulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo central es frenar la extracción en la Cuenca Malvinas Norte y bloquear el otorgamiento de nuevos permisos unilaterales sobre los recursos de la plataforma continental en disputa.
Reclamo soberano y acciones legales
Tras la difusión oficial de la medida, Milei se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: «Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras». Desde el Ejecutivo recordaron la vigencia de la Resolución 2065 de la ONU —que insta a negociar una solución pacífica— y la Resolución 31/49, que prohíbe modificar la situación del territorio mediante decisiones unilaterales mientras persista la controversia de soberanía.
Paralelamente, el Gobierno detectó operaciones aéreas irregulares realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta entre Punta Arenas (Chile) y las Islas Malvinas, utilizando una aeronave con matrícula británica sin el aval de las autoridades nacionales.
Ante esta situación, se ordenó el inicio de procedimientos sancionatorios, gestiones diplomáticas y denuncias penales correspondientes.
Esta escalada diplomática profundiza las acciones legales previas contra empresas petroleras que operan en la zona, mientras que el Reino Unido sostiene que Buenos Aires carece de jurisdicción sobre el territorio insular y sus compañías.
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