EMBARGAN EL DEPARTAMENTO DE CRISTINA KIRCHNER Y OTROS 143 BIENES
En el marco de la etapa de ejecución patrimonial de la sentencia del caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) dispuso una nueva serie de embargos preventivos y medidas cautelares sobre un amplio conjunto de activos pertenecientes a los condenados. La resolución busca blindar patrimonialmente los bienes para cubrir la suma de $685.000 millones fijada como perjuicio económico al Estado por las maniobras de corrupción.
Entre las propiedades alcanzadas por el fallo destaca el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde actualmente Cristina Fernández de Kirchner cumple condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La vivienda pertenece formalmente a Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria de la familia expresidencial.
A pesar de la trascendencia de la medida, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que el embargo cautelar no significa un desalojo ni una subasta inmediata de la propiedad, sino que persigue resguardar la indisponibilidad jurídica del inmueble mientras avanza el trámite de decomiso definitivo.
Un paquete masivo de 144 activos bajo la lupa judicial
Esta segunda etapa del proceso de ejecución contempla un total de 144 bienes entre inmuebles, vehículos y participaciones accionarias. Entre las medidas adoptadas, la Justicia incluyó más de cinco millones de dólares vinculados a Florencia Kirchner que permanecen depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia, además de ratificar los embargos sobre los paquetes accionarios de las sociedades Los Sauces y Hotesur. Al respecto, el tribunal señaló que las cesiones de cuotas hacia Máximo y Florencia Kirchner no representan un obstáculo para la ejecución del patrimonio derivado del ilícito.
El alcance geográfico de los cautelares es amplio y detallado:
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Ciudad de Buenos Aires: Inmuebles en el complejo Madero Center de Puerto Madero —un dúplex con cinco cocheras y un departamento adicional que registraron como único inquilino a Cristóbal López—.
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Santa Cruz: El predio donde opera el Hotel La Aldea del Chaltén, terrenos y propiedades en El Calafate, el chalet sobre la costanera de Río Gallegos habitado por la exmandataria y diversos inmuebles comerciales y residenciales en esa misma ciudad.
A la espera de las definiciones de la Corte Suprema
El dictamen del TOF 2 se produce de manera paralela al tratamiento de la primera etapa del decomiso por parte de la Corte Suprema de Justicia. En una resolución previa emitida en noviembre, el tribunal había dispuesto avanzar sobre 111 bienes —20 atribuidos a la familia Kirchner, 85 al empresario Lázaro Báez y sus firmas, y seis a otros exfuncionarios condenados—.
A pesar del aval otorgado por la Cámara Federal de Casación Penal, las defensas recurrieron al máximo tribunal, el cual deberá fallar en definitiva sobre la ejecución de esta primera tanda de activos.
Entretanto, el TOF 2 justificó las nuevas cautelares bajo el argumento de que la sentencia firme determinó que la matriz delictiva montada en la obra pública santacruceña generó beneficios económicos directos para las empresas de Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner, volviendo indispensable la preservación del patrimonio para asegurar la reparación del daño fiscal.

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