El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgó la Ley N° 10.876, una norma que ratifica el reclamo territorial de esa provincia sobre áreas actualmente bajo jurisdicción de San Juan.
La legislación habilita acciones políticas y judiciales para avanzar con esa pretensión sobre zonas cordilleranas que abarcan importantes proyectos mineros como Lunahuasi y Vicuña.
La normativa cuestiona los límites fijados por la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968, que estableció la actual delimitación entre ambas jurisdicciones.
Desde el gobierno riojano sostienen que esa definición perjudicó a su provincia. «Hoy promulgué la Ley N° 10.876 (…) para ratificar nuestro rechazo a los límites impuestos por la dictadura militar», publicó Quintela en su cuenta de X, facultando al Ejecutivo riojano a impulsar gestiones ante el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
La respuesta de San Juan no tardó en llegar.
El gobernador Marcelo Orrego afirmó con firmeza que los límites provinciales se encuentran plenamente vigentes y que no existe margen para discutir la pertenencia de esos territorios. «Nuestra jurisdicción no está en discusión», sostuvo el mandatario sanjuanino, remarcando que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial establecida por una ley nacional que lleva más de medio siglo de aplicación.
El conflicto impacta de lleno en el sector económico, ya que el proyecto Vicuña concentra una de las mayores inversiones de la minería argentina.
Según datos de mayo de 2026, esta iniciativa genera 522 trabajadores directos y 2.150 empleos indirectos, donde el 77% de los operarios directos son sanjuaninos.
Ante este escenario, la Cámara Minera de San Juan advirtió que los proyectos mineros requieren marcos normativos estables, seguridad jurídica y previsibilidad. En sintonía, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo al reclamo riojano y ratificó formalmente la vigencia de los límites vigentes.
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