Las autoridades venezolanas elevaron este domingo a 1.450 el número de víctimas fatales tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera del país el pasado miércoles. El Gobierno declaró el área de desastre en el estado La Guaira, el epicentro de la tragedia, donde se estableció un estricto control militar para coordinar la emergencia y mantener la seguridad.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que el desastre deja hasta el momento más de 3.000 heridos y 12.721 familias damnificadas. Para atender la contingencia, el Estado desplegó a más de 30.000 funcionarios —incluyendo médicos, militares y psicólogos— logrando asistir a un total de 73.736 familias dentro del dispositivo de emergencia. Por su parte, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión técnica que inspeccionará las viviendas afectadas para determinar cuáles son seguras para el retorno de los ciudadanos.
Un operativo internacional contra el reloj y las réplicas
Cinco días después del sismo, las operaciones de rescate se intensifican con la llegada de 2.624 especialistas internacionales procedentes de países como México, España, Colombia y Estados Unidos, quienes trabajan junto a brigadas caninas y toneladas de insumos médicos. A este esfuerzo se sumaron 7.876 voluntarios en Caracas. La urgencia es máxima, ya que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha registrado más de 430 réplicas desde el miércoles, manteniendo en alerta a la población.
El apoyo extranjero también incluye un fuerte despliegue logístico. Estados Unidos reforzó su asistencia con el envío de helicópteros, aviones y más de 200 efectivos militares, a los que se sumarán 130 marines en el puerto de La Guaira. Asimismo, delegaciones de Paraguay, Perú y Argentina continúan enviando personal especializado y toneladas de ayuda humanitaria.
Pérdidas multimillonarias y destrucción de infraestructura
Una evaluación satelital preliminar realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que las pérdidas materiales en viviendas, comercios y activos ascienden a 6.700 millones de dólares. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que la cifra total de personas afectadas en la región podría escalar hasta los 6,76 millones.
El balance oficial de infraestructura destruida incluye 189 edificios con colapso total y 585 con daños parciales.
La red asistencial y comercial también sufrió un duro impacto, contabilizándose afectaciones severas en 38 hospitales, 44 centros comerciales y otras 1.645 estructuras a lo largo de la zona costera.
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