Una nueva derivación judicial y política sacude el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó formalmente el pasado 31 de mayo su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. El trámite se encuentra vigente y el plazo para completarlo se extiende hasta el próximo 9 de julio.
La solicitud se encuadra en la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Este esquema permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin enfrentar consecuencias penales ni antecedentes impositivos. Si bien no constituye un perdón fiscal absoluto, el mecanismo habilita una regularización sin castigo.
El dato cobra un peso determinante en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el matrimonio enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento.
El sistema contempla un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales.
En el caso de Angeletti, su ingreso al sistema y su inscripción simultánea en IVA y Ganancias en octubre de 2025 exponen una regularización tardía. Aunque figura como trabajadora autónoma desde abril de 2017, pasó casi ocho años sin formalizar dicha inscripción, haciéndolo recién cuando su esposo ya ocupaba un cargo de primera línea y ambos integraban la nómina de Personas Políticamente Expuestas (PPE).
Inconsistencias bajo la lupa judicial
La situación introduce una fuerte tensión política frente al discurso oficial de transparencia y control del gasto que encabeza el propio Adorni. Para los investigadores, la adhesión al régimen abre serios interrogantes sobre el origen de los fondos familiares. Por el momento, los montos y activos regularizados permanecen bajo estricto secreto fiscal.
El patrimonio del matrimonio ya viene siendo analizado al detalle por la Justicia. Entre las operaciones sospechosas figura la compra de un departamento en Caballito en 2025 por US$ 30.000 en efectivo, combinada con una llamativa hipoteca sin intereses por US$ 200.000.
También se investiga la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua por US$ 120.000. En esa misma línea, un contratista declaró ante la Justicia haber recibido US$ 245.000 en efectivo y sin facturar por refacciones en dicha vivienda.
A este escenario se suman viajes al exterior por más de US$ 27.000, consumos turísticos locales y un llamativo nivel de gastos. Registros del Banco Central revelan que la familia acumuló consumos con tarjetas de crédito por más de $85,1 millones durante 2025.El promedio mensual de estos gastos supera ampliamente el salario del funcionario, que rondaba los $3,5 millones mensuales, mientras su esposa aún figuraba como monotributista.
Hasta el momento, Adorni ha evitado realizar comentarios sobre la situación fiscal de su cónyuge. La Justicia aguarda ahora la presentación de la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete, un documento clave que podría aportar luz sobre las inconsistencias financieras y las operaciones en efectivo de la familia.
El Régimen de Declaración Simplificada de «Inocencia Fiscal» (Ley 27.799) elimina la obligación de que los contribuyentes justifiquen el origen de los fondos utilizados para la adquisición previa de bienes, funcionando eficazmente como un escudo contra investigaciones por discrepancias de ingresos.
Al adoptar la filosofía del «tapón fiscal», este mecanismo permite a los contribuyentes regularizar su situación sin explicar inconsistencias pasadas, una estrategia habitual para mitigar el escrutinio legal sobre las finanzas personales.
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