La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ha sumado pruebas documentales que complican la situación patrimonial del funcionario. La investigación judicial busca determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados por el actual Jefe de Gabinete y los elevados costos de un viaje familiar realizado recientemente al Caribe.
Los números del viaje bajo sospecha
Según datos confirmados por el fiscal federal Gerardo Pollicita a través de registros de la aerolínea LATAM, Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El traslado se realizó en primera clase, con escalas en Perú y Ecuador, con un costo por pasaje de 1.450 dólares, lo que representa un desembolso total de 5.800 dólares solo en aéreos.
Sin embargo, el punto más crítico de la pesquisa se centra en el alojamiento. La Justicia investiga si la familia se hospedó en el Hotel Tamarijn Aruba, un exclusivo resort «all inclusive» donde las tarifas oscilan los 1.000 dólares diarios por persona. De confirmarse esta estadía, el gasto total del tour caribeño superaría ampliamente la capacidad de ahorro proporcional a su sueldo público.
Levantamiento del secreto fiscal
Ante la sospecha de una asimetría financiera, la Justicia tomó una medida drástica: ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni. Con esta herramienta, los investigadores pretenden rastrear el flujo de dinero en sus cuentas y determinar si los fondos utilizados para financiar estas vacaciones de lujo provienen de su actividad privada anterior o si se trata de activos no declarados obtenidos tras su ingreso a la gestión pública.
Un golpe a la narrativa oficial
Esta confirmación judicial llega en un contexto político complejo para el Gobierno nacional, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la transparencia y la austeridad de sus funcionarios. Mientras la causa avanza, la capacidad de gasto del otrora vocero presidencial y hoy ministro ha quedado bajo sospecha sistémica, quedando ahora en manos de los tribunales determinar la legalidad de su crecimiento patrimonial.
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