La dinámica de las campañas políticas en San Juan podría dar un giro drástico de aprobarse la propuesta del Partido Bloquista. El proyecto denominado RECO pone el foco en la obligatoriedad de los debates para quienes aspiren a la conducción de la provincia, estableciendo un castigo financiero de 20.000 unidades tributarias para los infractores.
Al valor actual, el desplante tendría un costo de $2.000.000, una cifra que busca un equilibrio entre la firmeza institucional y la viabilidad económica de las agrupaciones.
La iniciativa quita el poder de negociación a las estructuras partidarias.
Será el Tribunal Electoral el encargado de realizar la convocatoria oficial apenas cinco días después de ratificadas las listas, programando el encuentro dentro de la quincena previa a los comicios. De esta manera, el intercambio de propuestas se ubica en el «sprint» final de la contienda, maximizando su influencia en el electorado a través de una difusión masiva garantizada por los medios locales.
En cuanto a la metodología, el texto otorga facultades plenas al organismo electoral para definir temarios, elegir moderadores y establecer reglas de juego, incluso si no existe consenso entre los equipos de campaña. Además, se fomenta la apertura institucional al permitir que universidades y entidades civiles colaboren en la coordinación del evento para asegurar su transparencia.
Un detalle no menor es la distinción jerárquica de la norma: mientras que para la Gobernación el compromiso es ineludible, para las intendencias municipales la instancia queda supeditada a lo que el Tribunal considere pertinente según el contexto, sin carácter obligatorio.
De prosperar en la Legislatura provincial, esta reforma transformará el debate de una simple opción estratégica a un deber cívico con respaldo legal. En San Juan, el silencio de los candidatos dejará de ser gratuito para convertirse en una falta sancionada por la ley.
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