En una jornada marcada por la resolución judicial de un caso que conmocionó a la zona este de la provincia, un Tribunal Colegiado de San Juan declaró culpable a R.E.V., un hombre oriundo de Caucete, por delitos de abuso sexual agravado contra dos menores de edad. La pena impuesta fue de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El fallo fue dictado por los magistrados Dr. Federico Marcelo Rodríguez, Dr. Juan Gabriel Meglioli y Dr. Gerardo Fernández Caussi. Según consta en el legajo judicial, el imputado fue hallado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el vínculo, bajo las reglas de concurso real.
La investigación, que contó con la intervención de la UFI ANIVI, determinó que los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Aberastain, en Caucete. Según el relato que consta en la denuncia —radicada el 6 de julio de 2025—, las víctimas sufrían los abusos durante las visitas a la casa de su abuelo.
Tras años de silencio, las menores se animaron a relatar lo sucedido a su madre, quien procedió de inmediato a realizar la denuncia penal.Ese mismo día de julio de 2025, tras la intervención de la Comisaría 9°, R.E.V. fue detenido y ha permanecido privado de su libertad desde entonces.
Dada la gravedad de los cargos y el agravante del vínculo familiar, el tribunal ordenó que la condena se cumpla de manera efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.Además, los jueces dispusieron mantener la prisión preventiva del condenado, modificando su modalidad para asegurar su alojamiento en el penal hasta que la sentencia quede firme.
Como parte de la resolución, se ordenó que el hombre sea sometido al control de la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado (Patronato) durante el tiempo que dure su condena.
La lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia ha sido programada para el próximo lunes 16 de marzo de 2026 a las 12:30 horas. En el proceso participaron representantes del Ministerio Público Fiscal y la defensa particular, asegurándose también la notificación oficial a la representación legal de las víctimas.
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