DESPLAZAN LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN VECINAL Vº LAS ROSAS Y DESIGNAN INTERVENTORES
En un movimiento clave para garantizar la transparencia institucional, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dictó la Resolución N° 0086-IGPJ-2026, mediante la cual se dispone el cese inmediato de funciones de la actual comisión directiva de la Unión Vecinal Villa Las Rosas. La medida responde a un crítico escenario de abandono administrativo y legal que afectaba el funcionamiento de la entidad.
Un historial de incumplimientos
Los fundamentos de la resolución exponen una situación de «extrema gravedad institucional». Según el documento oficial, la comisión directiva saliente operaba con el mandato vencido desde el 31 de diciembre de 2023, sin haber convocado a las asambleas correspondientes para la renovación de autoridades.
Sin embargo, el dato más alarmante surge del análisis contable: la entidad adeudaba el tratamiento de los ejercicios cerrados entre 2022 y 2025, y no habría rendido cuentas a sus asociados desde el año 2002.
A pesar de las múltiples prórrogas otorgadas, intimaciones formales y sanciones económicas previas aplicadas por el organismo de control, la conducción de la vecinal no logró revertir las irregularidades, lo que precipitó la intervención.
El camino a la normalización
Para subsanar esta crisis, la IGPJ designó un Triunvirato Normalizador integrado por Domingo Ceferino Gutiérrez, Evelyn Andrea Vargas y Omar Rodrigo Sosa. Este equipo asumirá la administración y representación legal de la institución por un plazo de 180 días corridos.
El triunvirato tendrá objetivos claros y urgentes bajo la supervisión estatal:
- Regularización contable: Deberán legalizar los balances pendientes ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Transparencia social: Se llevará a cabo un reempadronamiento general de socios para depurar los registros.
- Recuperación de activos: Deberán asegurar la documentación y los bienes pertenecientes a la institución.
- Salida democrática: La tarea principal será convocar a elecciones transparentes antes de que finalice su mandato de seis meses.
Control estricto
Desde la IGPJ advirtieron que los normalizadores deberán presentar informes mensuales de avance. El organismo fue tajante al señalar que, de detectarse nuevos incumplimientos, se aplicarán multas o incluso se podría proceder a una intervención directa aún más severa.
«La medida busca garantizar la legalidad y el funcionamiento democrático, permitiendo que los vecinos recuperen una estructura organizativa que les pertenece», señalaron desde el organismo de control.
Con la notificación ya efectiva, la Unión Vecinal Villa Las Rosas inicia un proceso de medio año para intentar dejar atrás décadas de opacidad administrativa.
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