En un contexto de severo ajuste económico y pérdida del poder adquisitivo de la población, el Gobierno Nacional ha decidido poner fin al congelamiento salarial de sus cargos políticos. La medida, autorizada por el presidente Javier Milei, otorga aumentos sustantivos a ministros y secretarios, revirtiendo una política de haberes fijos que se mantenía desde hace dos años.
El argumento oficial para justificar este incremento reside en la dificultad para retener cuadros técnicos ante la competencia del sector privado. La situación rozó lo grotesco con el caso del Indec: tras la salida de Marco Lavagna, se supo que su sucesor, Pedro Lines, mantenía en su perfil de LinkedIn el cartel de «Open to Work» (abierto a ofertas laborales). Según el ministro de Economía, Luis Caputo, esta fuga de cerebros es inevitable si no se actualizan los montos.
«A mucha gente se le hace muy difícil. En Producción se me fueron un montón al sector privado porque tienen mejores sueldos», confesó Caputo, intentando naturalizar una suba que, para el ciudadano de a pie, resulta inalcanzable.
Los nuevos números del Gabinete
A diferencia del Presidente y la Vicepresidenta, cuyos sueldos de $4.066.018 y $3.764.821 (brutos) respectivamente permanecen congelados por decreto, el resto de la cúpula política experimentará un salto exponencial en sus ingresos mensuales:
- Ministros: Pasarán de cobrar un bruto de $3.584.006 a un nuevo escalafón que oscila entre los $5.800.000 y $6.600.000. En términos netos (de bolsillo), percibirán cerca de 5,5 millones de pesos.
- Secretarios: Sus haberes previos de $3.282.709 también sufrirán actualizaciones acordes a la nueva estructura dispuesta por el Ejecutivo.
El doble discurso del ajuste
La decisión de «descongelar» estos salarios genera un fuerte ruido político. Mientras el discurso oficial promueve el sacrificio de la sociedad y la austeridad estatal, los altos funcionarios de la administración pública nacional se aseguran ingresos que los posicionan en la cima de la pirámide salarial del país.
Para muchos analistas, esta medida representa una contradicción directa con la retórica de la «motosierra», evidenciando que el rigor del ajuste no parece aplicarse con la misma vara cuando se trata de la cúpula ministerial.
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