El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Estado nacional a informar en un plazo de cinco días el avance de los trámites administrativos destinados a cumplir la sentencia que ordena implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo iniciado por una madre en representación de sus hijos y acompañado por otras partes actoras.
En su resolución, el magistrado exigió que el Ministerio de Salud y los organismos involucrados acrediten con documentación concreta el estado del expediente administrativo.
Además, ordenó que el informe incluya respuestas específicas a los planteos formulados por la parte actora, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, todas intervinientes en la causa.
González Charvay fue categórico al señalar que el Gobierno tiene tiempo hasta el 4 de febrero de 2026 para poner en plena ejecución la norma, independientemente de lo que resuelva la instancia superior. Según detalló, la ley debe estar reglamentada dentro de los 30 días hábiles, contados desde el 18 de diciembre de 2025, fecha en la que concedió la apelación del Estado con efecto devolutivo, es decir, sin suspender la ejecución del fallo.
“La ley deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026”, remarcó el juez, quien aclaró que el cálculo del plazo no es arbitrario sino que surge del propio texto legal. De este modo, reforzó la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con las decisiones judiciales aun cuando existan recursos pendientes.
La Ley de Emergencia en Discapacidad apunta a mejorar el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas, que incluye pensiones y aranceles.
Con el plazo del 4 de febrero en el horizonte, el Gobierno deberá demostrar que cumple con la sentencia judicial y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
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