Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, gremios docentes, universitarios y del sistema científico manifestaron un fuerte rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Denuncian que el Artículo 30 elimina los pisos legales de financiamiento para educación, ciencia y tecnología.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), CONADU Histórica y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se afirmó que la norma habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo, el funcionamiento de las universidades, la investigación científica y el desarrollo productivo en los territorios. Además, alertaron que el objetivo de fondo es «la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles».
Luego de la aprobación en el Senado, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, calificó como una «catástrofe política» la aprobación de la ley, denunciando que el gobierno impulsa un modelo de país «para pocos», que compromete el futuro del sistema educativo y científico. En diálogo con El Destape, Alesso sostuvo que el Presupuesto representa «un retroceso inmenso para toda la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad», y afirmó que se están destruyendo «las bases de la educación construidas desde Sarmiento hasta la fecha».
Además, denunció que los recursos que debían destinarse a educación fueron redireccionados al pago de intereses de la deuda externa y a la SIDE, advirtiendo que el ajuste tendrá un fuerte impacto en las provincias, que enfrentarán dificultades para sostener salarios y servicios básicos. Anticipó que 2026 será un año de «alta conflictividad social» si no se revierte el rumbo económico.
Alesso comparó la situación con experiencias pasadas y afirmó que el Presupuesto 2026 profundiza un proceso de regresión que incluso supera políticas anteriores: «Esto es peor que el propio menemismo, porque supone destruir todas las bases de la educación pública». Cuestionó el discurso liberal del Gobierno señalando que «los verdaderos liberales en la Argentina fundaron escuelas».
Desde el sector universitario, el economista y dirigente de CONADU Histórica Antonio Rosselló advirtió que el Presupuesto consolida un ajuste sin precedentes sobre el sistema educativo y científico, recordando que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos para investigación y extensión.
Rosselló alertó que el deterioro salarial y presupuestario ya provoca renuncias docentes y deserción estudiantil, poniendo en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026 si no se revierte el esquema de financiamiento aprobado. «Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo porque nosotros con salarios de 250 mil pesos no podemos vivir», sostuvo en declaraciones a este medio.
El economista también comparó el proyecto con programas de austeridad de los años noventa y de la última dictadura, afirmando que en términos presupuestarios «ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto». Según explicó, profundiza el desfinanciamiento del Estado en áreas estratégicas y consolida un modelo que favorece a acreedores externos y grandes grupos económicos en detrimento de jubilados, trabajadores y el sistema educativo público.
El Artículo 30 es el eje central del rechazo gremial. Este deroga normas que garantizaban pisos mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología.
Elimina la obligación legal de destinar al menos el 6% del PBI a educación, desarma el esquema de financiamiento progresivo del sistema científico que incluye al CONICET, INTA y otros organismos, y suprime el fondo específico para la educación técnico profesional.
Así, el financiamiento de estas áreas queda sujeto a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, sin previsibilidad ni resguardo legal, señalan los gremios.
Desde el sistema científico-tecnológico, la delegada de ATE en el INTA, Julieta Boedo, advirtió que el Presupuesto profundiza los recortes en organismos de investigación y asistencia técnica con fuerte anclaje territorial. Señaló que la eliminación de los pisos de inversión afecta el trabajo del INTA con pequeños y medianos productores, las economías regionales y la soberanía alimentaria, debilitando la presencia del Estado en el territorio.
Boedo denunció que el ajuste se traduce en retiros voluntarios, centralización operativa y pérdida de capacidades técnicas, implicando «el fin del vínculo con la comunidad» y un impacto directo en la producción agropecuaria.
Respecto al Artículo 30, la delegada consideró que «Nos destroza a todos los organismos que estamos dentro del sistema de ciencia y tecnología: CONICET, INTA, INTI, Malbrán, CONAE». Explicó que al eliminar los pisos mínimos de inversión, el Ejecutivo deja el financiamiento sujeto a decisiones discrecionales, afectando la presencia territorial del INTA, el vínculo con productores y el desarrollo regional.
En este contexto, los gremios anticiparon un año de fuerte conflictividad en el sistema educativo y científico si no se revierte el esquema aprobado. Desde sindicatos docentes universitarios y organismos de ciencia alertaron que podría profundizarse la protesta ante el riesgo de parálisis, deterioro salarial y debilitamiento de áreas estratégicas.
Para estos trabajadores, la disputa es más que presupuestaria; es una defensa del rol del Estado en la educación, ciencia y producción.
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