El Gobierno nacional vetó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa sancionada por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor. La iniciativa establecía la actualización mensual de los fondos destinados a salarios, infraestructura y funcionamiento de las universidades públicas, así como la convocatoria a paritarias docentes y no docentes en función de la inflación.
La medida presidencial se enmarca en el plan de ajuste fiscal que impulsa Javier Milei y que, según analistas, ya impacta en áreas centrales como salud, jubilaciones y programas de asistencia.
“No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y desregulación”, había anticipado el mandatario tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
“Queremos seguir aprendiendo en nuestras aulas, con los mejores profesores, y que nadie quede afuera”, expresaron en un mensaje conjunto.
La norma preveía un incremento progresivo del financiamiento universitario, del 1% del PBI en 2026 hasta llegar al 1,5% en 2031. Con el veto presidencial, quedan sin efecto los mecanismos de actualización automática de recursos y las partidas especiales para infraestructura, becas y carreras estratégicas, lo que abre un escenario de incertidumbre para las instituciones y para los miles de estudiantes de todo el país.
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