Se complica la situación de Alejandro Pérez Molina, el joven oriundo de Chimbas que en 2022 fue condenado por una causa por pornografía infantil y que octubre último volvió a caer preso por un caso similar. A raíz de esta última causa peritaron su celular y descubrieron que tenía 1.517 archivos con imágenes de niños abusados sexualmente, además de que habría mantenido contactos con chicos. En base a esas nuevas pruebas, este jueves el fiscal amplió la imputación en su contra y, pese a que pidió que el imputado sea trasladado al penal de Chimbas, el juez interviniente prorrogó la prisión domiciliaria, pero domiciliaria.
La causa penal que lo tiene como principal acusado a Alejandro Nahuel Pérez Molina, de 26 años, se remonta a octubre de 2024, cuando el joven fue detenido por distribuir al menos dos videos de contenido pedófilo. Ese hecho motivó la apertura de una nueva investigación por parte de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia, quien ya lo conocía: en 2022, Pérez Molina había sido condenado por un hecho similar, aunque en aquella oportunidad recibió una pena de 1 año de prisión en suspenso y se salvó de ser llevado al Servicio Penitenciario Provincial.
En la audiencia de formalización realizada en octubre pasado, la jueza de garantías Gema Guerrero resolvió dictarle prisión preventiva, aunque bajo la modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica. Ese plazo vencía este sábado 20 de julio, pero un nuevo giro en la causa obligó a las autoridades judiciales a intervenir nuevamente.
En estos últimos días se conocieron los resultados del peritaje al teléfono de Pérez Molina, secuestrado en el allanamiento de 2024. Los especialistas informáticos de la Policía de San Juan descubrieron que en ese dispositivo almacenaba 1.517 archivos de dibujos tipo Anime, fotos y videos de explotación sexual infantil, según expuso el fiscal. El mismo funcionario destacó que en esas imágenes se ve a niños y niñas de corta edad, y hasta bebés, siendo abusados por adultos en situaciones de altísima gravedad.
Además, en el mismo teléfono se detectaron comunicaciones que, aparentemente, el acusado mantenía con menores de edad. Se trataría de chats donde fingía ser otro adolescente y solicitaba imágenes íntimas, un comportamiento que encuadraría en el delito de grooming.
Frente a esta nueva evidencia, el fiscal Heredia amplió la imputación. Además de los cargos iniciales por tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores de edad, agravada por las edades de las víctimas, pidió formalmente que se sume la figura de grooming. Por otro lado, pidió la extensión de la prisión preventiva para el acusado y su traslado al penal de Chimbas, dejando sin efecto la detención domiciliaria.
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