El Ministerio de Seguridad de la Nación llevará adelante una denuncia contra la jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. El caso se origina a partir de su decisión de liberar a 114 personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados, que tuvo lugar el miércoles frente al Congreso, horas después de los hechos ocurridos.
El Gobierno, a través del director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Soto, considera que la jueza actuó de manera incorrecta al tomar su decisión, señalando que su resolución no se basó en hechos objetivos, sino en opiniones personales. Según fuentes oficiales, la ministra Patricia Bullrich entiende que la magistrada actuó “en base a sus opiniones” y no en estricta adherencia a la ley, lo que generó la denuncia.
La jueza Andrade, en declaraciones públicas, defendió su fallo, argumentando que su decisión estuvo basada en la protección de los derechos constitucionales, especialmente el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte” del sistema democrático, y afirmó que su sentencia fue estrictamente jurídica.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad se rechaza este argumento, señalando que lo que correspondía era valorar si existían riesgos de fuga o de obstrucción a la investigación para proceder con la liberación. En su denuncia, el Gobierno asegura que la jueza actuó sin los elementos necesarios de información sobre las detenciones y sin un control judicial efectivo.
Los comentarios están cerrados.