Después de la expulsión del peronista disidente Edgardo Kueider del Senado, en despachos de la Cámara alta y de la Casa Rosada comenzaron a surgir dudas sobre una eventual impugnación de la sesión realizada ayer jueves para remover al entrerriano, detenido desde la semana pasada en Paraguay tras encontrarle, en un paso fronterizo, más de USD 200.000 dólares sin declarar.
El motivo de la incertidumbre es el traspaso del ejercicio del poder central de Javier Milei a Victoria Villarruel, quien presidió el encuentro en el recinto hasta el final del mismo, cuando el jefe de Estado ya se encontraba rumbo a Italia. Una polémica que promete escalar en los próximos días.
Fuentes de la escribanía general de Gobierno confirmaron que la vicepresidenta y titular del Senado estaba en conocimiento del viaje, tanto de la fecha de partida, como la de su regreso.
Esa versión no coincide con la de la Cámara alta, que rechazó eso y aseguró que no habían sido notificados y que el escribano se presentó recién a las 19hs en el Senado para la firma en cuestión. Es decir que, entre que Milei partió del país y el traspaso, quedó un bache de varias horas.
De ahí la posibilidad para que no sólo Kueider o su abogado, sino que cualquier persona pueda impugnar lo ocurrido este jueves en el Palacio Legislativo. Pero hay algo aún más grave: al legislador removido no le permitieron exponer sus argumentos en la comisión de Asuntos Constitucionales.
Una de las personas que más conoce el reglamento en la Cámara alta es el experimentado ex legislador Eduardo Menem, quien expresó a Infobae que “cualquier senador, incluso el expulsado (Kueider), puede pedir la nulidad de la sesión”, en caso de que se confirme que efectivamente Villarruel estuvo al frente de la sesión en momentos en que Milei no estaba en el país. “Fue una sesión irregular y puede ser impugnada”, resaltó.
Sobre la decisión del Senado, que aprobó la expulsión del senador entrerriano por amplia mayoría, consideró que “debe ser respetada” pero que, según su mirada, Kueider debió haber sido “escuchado” y tener su “derecho a la defensa”. “Hay que respetar siempre lo establecido en materia penal y disciplinaria. El derecho a la defensa no puede ser olvidado”, insistió.
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