EL POLICIA QUE FUE DETENIDO EN CAUCETE,ES IMPUTADO NUEVAMENTE POR UN HECHO VIOLENTO

El oficial Miguel Diego Galván (34) quedó más cerca de ser echado de la Policía. Y es así porque ayer recibió su segunda condena por cometer delitos con el uniforme policial. Esta vez, el juez Diego Manuel Sanz, ratificó el acuerdo de juicio abreviado (así lo anticipó este diario) entre el imputado y su defensora oficial, María Emilia Nielson, con el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Francisco Nicolía (UFI de Delitos Especiales) y lo condenó a 1 año de prisión en suspenso y 2 años y 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Y todo porque el imputado admitió que la noche del 28 de diciembre de 2022 apresó a un chico (entonces de 16 años) durante un operativo en el barrio Los Médanos, en Rawson, y en lugar de llevarlo a la subcomisaría Ansilta, se desvió y se fue hasta un callejón donde alcanzó a golpearlo, pero no como él quería, pues lo evitaron los dos compañeros que iban en la patrulla y que luego denunciaron sus arranques de impulsividad. Esa noche les dijo a sus colegas que les iba “a enseñar cómo hacerse respetar” y al detenido amenazaba con hacerlo aparecer en una zanja.

Y todo porque, al parecer, el menor golpeó a Galván durante el allanamiento en su casa, que trataron de impedir, a pedradas, sus familiares y otros vecinos.

Días después, el 3 de enero de 2023, Galván protagonizó otro tenso momento porque se negó a ser detenido en el hipermercado Yaguar: no quiso bajar de su auto y sus colegas suspendieron la ejecución de la orden por temor a que se autoagrediera con su arma o agrediera a alguien. Tras la intermediación de su hermano, fue detenido en Caucete.

La pena de inhabilitación le quedó en 2 años y 6 meses, porque Fiscalía pidió unificar la de 2 años por los apremios ilegales, vejaciones y amenazas simples contra el menor (lo sobreseyeron de no acatar la orden de detención), con la pena de 6 meses de inhabilitación que, el pasado 12 de marzo, otro juez le impuso junto con una multa de 12.500 pesos, por “omitir o retardar el cumplimiento de una orden” en otro caso polémico: el que involucró a un exdirector de Turismo, Nahuel Fernández, denunciado y luego sobreseído por un caso de violencia de género contra su expareja en agosto de 2022.

Diario de Cuyo