La Nación le dio de baja ayer a uno de los subsidios al transporte: el Fondo Compensador que se reparte entre las provincias y que beneficia a los usuarios de colectivos.
Así, San Juan se queda sin 500 millones de pesos mensuales para contener el pasaje, el cual hace 20 días pasó de 60 a 200 pesos. Frente a ese escenario, en el Gobierno local se abre la puerta “a ver tarifas nuevamente” con los empresarios del sector.
En esa instancia, las autoridades deberán definir si el Ejecutivo pone más fondos para el subsidio provincial y sostener el valor, si traslada el impacto a los pasajeros o si hace un combo de ambas situaciones. Hasta que se den esas negociaciones, el valor y el servicio deberán mantenerse como hasta el momento.
La decisión de la gestión nacional se dio después de la polémica por la vuelta a foja cero de la Ley Ómnibus en su tratamiento en la Cámara de Diputados, luego de las modificaciones que sufriera en el debate con la oposición. Por ello, el presidente Javier Milei criticó duramente a legisladores y mandatarios provinciales. La medida afectó a todas las jurisdicciones por igual, pese a que las diputadas ligadas al gobernador Marcelo Orrego acompañaron los artículos que se llegaron a tratar en la fallida sesión.
Marcelo Molina, Secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, explicó que la decisión del Gobierno nacional afecta específicamente al Fondo Compensador que se entrega a las empresas, con el fin de abaratar el costo final.
En cambio, la administración central mantiene la vigencia de otra de las ayudas, que va directo a jubilados y beneficiarios de AUH, los que pagan un 55% menos. Por lo tanto, esta quita va al resto de los usuarios, que en San Juan se calculan que son más de 300.000. Además, en el mismo cuadro tarifario, están los aportes del Ejecutivo provincial, que van del 70 al 75% de lo que se subsidia del pasaje de colectivos. La ministra de Gobierno, Laura Palma, había informado que el Gobierno destina 2.195 millones de pesos al mes.
Según el funcionario, todavía no saben si la quita se verá reflejada en el dinero que debe llegar en febrero desde Nación. De ser así, serán 500 millones de pesos menos. Ricardo Salvá, vicepresidente de ATAP, dijo que eso podría representar unos 70 pesos en la tarifa de colectivo. En un principio, el costo irá directamente a las empresas, ya que Molina indicó que “la provincia no participaba en el manejo de ese dinero. Solamente tomaba conocimiento. Llegaba a una cuenta y se subdividía a las empresas”. Pero esto implicará, también, que los privados a cargo del servicio querrán volver a discutir el cuadro tarifario, aseguró el funcionario orreguista. “Seguramente las empresas van a hacer el reclamo para ver tarifas. Nos va a obligar a ver tarifas nuevamente”, agregó.
Esto cambiaría el funcionamiento normal de la determinación de las tarifas. En general, la ley dice que las empresas sólo pueden solicitar dos aumentos anuales del valor del boleto cada seis meses. Pero, Molina explicó que la quita del subsidio sumó presión a un sistema que ya se encontraba exigido por los aumentos que hubo desde diciembre, cuando se definió el precio de 200 pesos. “Estamos en comunicación permanente y sabemos que, en el cuadro tarifario, ya impactó la suba del combustible, los costos de mantenimiento de las unidades y hasta de repuestos”, detalló.
A ello se agrega que FATAP se encuentra en plena discusión paritaria con los choferes de ómnibus. Una vez que se defina el costo laboral, el Gobierno provincial puede abrir una nueva negociación del valor. Mientras tanto, aclaró el funcionario, el costo del boleto permanecerá como hasta ahora y las empresas deberán respetar el servicio. “Cualquier cambio, deben consultarlo con la autoridad”, detalló.
Decisión sorpresiva
El anuncio de la quita del Fondo Compensador se conoció ayer a través de un comunicado del Gobierno de la Nación. Si bien, en un principio, la gestión de Milei dijo que quería “compensar desigualdades” de la tarifa, este cambio sólo afecta a provincias y no al AMBA.
La postura de ATAP
Ricardo Salvá, presidente de ATAP, aseguró que están “expectantes y sólo pretendemos el equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato de concesión. Después, las tarifas las determinará el Gobierno y es una decisión política”.
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