La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó ayer la decisión del Gobierno de retirar del proyecto de Ley Omnibus el artículo que obliga a pedir permiso para reuniones de más de tres personas, cuestionado por la oposición. Además, defendió el protocolo antipiquete como herramienta para ‘ordenar el país’, al tiempo que advirtió que irán a fondo en la lucha contra el narcotráfico que hoy tiene bajo riesgo a la democracia de Ecuador.
‘Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro artículo’, anticipó Bullrich, al exponer en el marco del plenario de comisiones, donde dijo que concurre para ‘explicar tres temas que se han planteado en temas de seguridad en esta ley’.
Sostuvo que estos temas serán al margen de otros proyectos como modificaciones al Código Penal, la puesta en marcha del Código Procesal Penal, Código de Minoridad y otros temas, que dijo, ‘iremos enviando’.
‘Para facilitar la discusión, y como en realidad tres o más, cinco, uno, diez o veinte que corten una autopista o un puente o que impidan la circulación de tránsito da lo mismo, y generó esta confusión, vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese articulo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro’, sostuvo la funcionaria.
El artículo en cuestión señala que se define como ‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente’. Además, se define como ‘organizador’ de la protesta a quien ‘convoque a otras personas a participar de la reunión’, ‘coordine a personas para llevar a cabo la reunión’, ‘provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión’, ‘pase lista, registre las presencias o las ausencias’, etc.
Al defender el protocolo antipiquete mostró un gráfico que muestra que entre el 2009 y el 2023 hubo más de 80.000 piquetes. Además insistió: ‘Vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas’, y añadió que ‘cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles’.
La ministra anunció que se plantea aumento de penas a las que establecen hoy el Código Penal, que es de 3 meses a 2 años, y ‘la llevamos de 1 año a 3 años y medio y que se extiende de 2 a 4 años para quienes marchen con armas propias o impropias, como palos o armas simuladas o morteros’. }En cuanto a los organizadores de las protestas, Bullrich dijo que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes presionen con quitarles en beneficio si, por ejemplo, no van a una marcha.
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