El intendente de Jáchal Miguel Vega fue denunciado en la Unidad Fiscal N°2 por malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario por el faltante de los $371 millones del Fondo Anticíclico.
El escándalo inició hace meses cuando la concejala de Juntos por el Cambio, Analía Carrizo, advirtiera del vaciamiento de la cuenta dispuesta para eventos de fuerza mayor.
La denuncia que deberá tramitar el fiscal Gastón Salvio, a cargo de la UFI N°2, fue realizada por el abogado de Jáchal, Jorge Morales, y le apunta al intendente Miguel Vega, pero también a los funcionarios del municipio Máximo Páez, Rubén Rueda y Marcelo Muriel del área de Hacienda.
La fundamentación de la demanda se basa en la “falta de documentación respaldatoria que justifiquen el uso y destino de los recursos del Fondo Anticíclico, tampoco aportaron número de expedientes donde conste las obras, servicios y compras realizadas con los fondos cuestionados. No aportaron documentación de movimientos financieros que tuvo el Fondo Anticíclico Municipal”.
Además, el texto indica que “evitaron dar detalles respectos a los fundamentos necesarios y requeridos legalmente para el uso del Fondo Anticíclico, incumpliendo con la debida responsabilidad que exige la ley en la administración y disposición de fondos públicos”.
También, afirma la denuncia que “es necesario, a los fines de fundar la denuncia, determinar la actuación de los concejales Jorge Ortega, Cintia Aballay y Rubén Godoy, en la sesión donde se trató la contestación al pedido de informe solicitado por la concejal Carrizo, ya que la misma en todo momento fue interruptiva evitando llevar claridad a la tan importante acto, tratando en todo momento tener por presentada y aprobada sin cuestionamiento tal contestación utilizando el voto desempate del Presidente del Concejo Deliberante”.
El escándalo inició con legisladora departamental Analía Carrizo que encendió la alarma públicamente para que se conociera la desaparición de los $371 millones que por ordenanza se habían creado en 2019 para situaciones críticas. Pero luego, el oficialismo, advirtió sobre la autorización legal plasmada en la norma para usarla en obras y asistencia a jachalleros.
La respuesta de la gestión de Miguel Vega generó que el Tribunal de Cuentas decidiera intervenir de oficio y le solicitó al municipio toda la documentación para analizar si existieron irregularidades.
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