El nuevo escándalo que salpica a Garder Salud, la prestadora de la OSP acusada de estafar al Estado, tendrá un capítulo clave este jueves cuando el abogado de la empresa, el abogado caucetero Gabriel Silva, quede contra las cuerdas y sea imputado por la fiscalía por el delito de falsificación de instrumento público.

Es que la jueza Adriana Tettamanti indicó que Silva pudo falsificar la firma de la propietaria de Garder en la millonaria demanda que inició contra la Obra Social Provincia, ya que la propia dueña, Marilina De la Fuente, se presentó en el juzgado Civil para advertir que la rúbrica no era suya y, bajo la representación de otra abogada, Paola Nale, deshizo la presentación.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, las cuales relataron que tras las actuaciones remitidas por parte del Juzgado Contencioso Administrativo, cuya titular señaló la presunta comisión de un delito, la UFI de Delitos Especiales a cargo de Adrián Riveros entendió que hay elementos suficientes como para formalizar el caso e iniciar una investigación contra el abogado sanjuanino que trabaja para Fernando Burlando.

Para la magistrada que intervino, el accionar de Silva resultó sospechoso y, como la cuestión excede su competencia, remitió las actuaciones a la UFI de turno. Allí, el expediente fue recibido y, tras un análisis preliminar, el Ministerio Público detectó indicios de la presunta comisión de un ilícito, por lo que procederá con una investigación más a fondo.

Por ahora, la sospecha está en que el abogado que solía representar a Garder -por el momento se desconoce si lo sigue haciendo- falsificó la firma de De la Fuente para dar curso a la demanda en la que la empresa le exigía al Estado, y por ende a la OSP, el pago de una deuda por 80 millones de pesos por servicios prestados.

Si esa maniobra ilegal se comprueba, el abogado podría afrontar un castigo que prevé en algunos casos el de la prisión efectiva. Es que según lo estipula el Código Penal Argentino, “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.

Cuando el caso se formalice, el acusado tendrá la posibilidad de defenderse y de contar su versión sobre los hechos que lo tienen en el centro de la escena. Hasta ahora, su postura fue la de no hablar y de mantenerse con bajo perfil, después de haber estado entre los flashes el día que Burlando pisó Tribunales.

Hace unas semanas atrás, cuando fue consultado por este diario, se limitó a asegurar que todavía seguía defendiendo a la prestadora y que era el representante de Burlando en la provincia. No obstante, la otra abogada y quien lo acusó con Tettamanti, Paola Nale, desconoció a Silva y dijo estar al frente de la defensa de Garder, bajo la supervisión de Burlando.

Lo que no se sabe es que si Garder formará parte de la nueva causa que tomará forma el jueves, aunque esta vez como parte querellante.

Por otro lado, la empresa que había sido eliminada del padrón de prestadoras de la OSP y luego reincorporada tras un recurso de queja continúa bajo la lupa de la justicia penal por defraudación, es decir, por facturar servicios que nunca prestó.

Tiempo de San Juan